Michoacán: detrás de un conflicto armado

Las miradas han estado fijas en Michoacán durante las últimas semanas: fuerzas federales, crimen organizado y grupos de autodefensa se han estado enfrentando a lo largo Tierra Caliente. Pero lejos de un mero problema de violencia e inseguridad, el conflicto sienta sus bases en una compleja red de delincuencia, años de desatención y corrupción.

Los Caballeros Templarios: un “árbol genealógico” 

Es difícil rastrear por completo el origen del crimen organizado, sin embargo se sabe que Los Caballeros Templarios se desprenden de grupos delictivos subordinados a La Familia Michoacana que a su vez comparten linaje con los Zetas, que son descendentes directos del Cártel del Golfo, una de las organizaciones delictivas más viejas del país. A pesar de compartir el mismo origen, todos los grupos tienen constantes disputas territoriales, consideradas el origen de la violencia en el estado de Michoacán.
Es difícil rastrear por completo el origen del crimen organizado, sin embargo se sabe que Los Caballeros Templarios se desprenden de grupos delictivos subordinados a La Familia Michoacana que a su vez comparten linaje con los Zetas, que son descendentes directos del Cártel del Golfo, una de las organizaciones delictivas más viejas del país. A pesar de compartir el mismo origen, todos los grupos tienen constantes disputas territoriales, consideradas el origen de la violencia en el estado de Michoacán.

Gracias a su posición geográfica —céntrica, permite el acceso a la capital de México y al norte del país en recorridos breves— el estado de Michoacán reúne las condiciones perfectas para el asentamiento del crimen organizado.

El primer grupo en tomar control del estado fue el cártel de los Zetas, alrededor del año 2004. De este grupo, a finales del 2005, por lo que el periodista Ricardo Ravelo describió en entrevista para MVS radio, a partir de “desacuerdos con las políticas internas de los Zetas” se desprende otro grupo conocido como La Familia Michoacana. Con la emergencia de este nuevo grupo, los Zetas perdieron influencia en Michoacán y se desplazaron a estados como Jalisco.

Desacuerdos tanto ideológicos como en prácticas relacionadas con el abuso del poder hicieron que una nueva rama criminal se desprendiera de La Familia Michoacana: Los Caballeros Templarios, organización criminal que, con un nombre tomado de la tradición de una región cristera, tomó el control de actividades económicas como la explotación y exportación minera.

En el año 2006, a tan sólo diez días de que asumiese el poder, el entonces presidente Felipe Calderón puso en marcha el Operativo Conjunto Michoacán. Este operativo formó parte de la estrategia del gobierno calderonista para erradicar el crimen organizado a través de la intervención de las fuerzas armadas. La población la conoció como Guerra contra el Narco porque el concepto de crimen organizado quedó reducido a narcotráfico: actividades ilegales como el ya mencionado control de la industria siderúrgica quedaron fuera del conocimiento público.

Los grupos de autodefensa

Los grupos de autodefensa son, básicamente, organizaciones comunitarias que cumplen las funciones que debería de asumir la policía: vigilancia, patrullaje y arrestos. El objetivo principal de las autodefensas es contrarrestar la violencia que generan los grupos delictivos y garantizar la seguridad de los pobladores locales.

A pesar de que la tradición de estos grupos se remite al siglo XIX, cuando los grandes hacendarios contrataban mercenarios para protegerse de asaltantes durante sus viajes, en los últimos meses ha surgido un gran número de autodefensas debido al aumento de enfrentamientos entre presuntos integrantes de Los Caballeros Templarios.

En la actualidad, estos grupos son financiados por empresarios y comerciantes que, víctimas del delito, contratan a personas dispuestas a tomar las armas sobre todo en los municipios de Parácuaro, Buenavista, Coalcomán, Aguililla, Chilchota. La Huacana, Churumuco y Tancítaro.

Las principales discrepancias respecto a las autodefensas se centran en su calidad ilegal —algunos han optado por calificarlos de paramilitares: grupos que se establecen como fuerzas militares sin pertenecer al Estado— y la incertidumbre sobre dónde recaen sus intereses, pues integrantes de La Familia Michoacana los acusan de ser financiados por un grupo delictivo enemigo (de La Familia y los Zetas): el cártel Jalisco Nueva Generación, además de que una de sus caras más populares, el médico cirujano José Manuel Mireles Valverde, líder de las autodefensas del municipio de Tepaltepec, tiene antecedentes penales por cultivo y venta de marihuana, según el expediente del proceso penal 209/988 difundido por los medios informativos el 17 de enero.

El gobierno y la opinión pública

Desde tiempos de Calderón, el silencio ha reinado los medios en lo que concierne a las actividades delictivas fuera del tráfico de drogas; y que no es el único tráfico ilegal que se lleva a cabo en Michoacán: las armas y el hierro, por no mencionar la red de corrupción dentro de las esferas de la policía (temas que se mantuvieron fuera de la agenda mediática por años).

Sin embargo, en noviembre de 2013, un informe inédito de la Procuraduría General de la República (PGR) titulado Los amos de Michoacán: quiénes y cómo gobiernan puso en evidencia la corrupción del gobierno del estado. En este reporte se menciona una reunión que se llevó a cabo en el año 2007 entre un grupo de 14 exalcaldes e integrantes de La Familia Michoacana para el cobro por un supuesto apoyo brindado en sus campañas electorales.

Este reporte fue uno de los puntos clave para lo que los medios llamaron “una campaña de exhibición de la violencia en Michoacán”. Como respuesta, la Secretaría de Gobernación desplegó un amplio operativo federal de seguridad donde el ejército, la marina y la policía federal tomaron el control y desarmaron a la Policía Municipal en enero de este año.

Otra gran controversia que giró en torno a la violencia en el estado de Michoacán fue la creación de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el estado de Michoacán, a la cual quedó al mando el ex procurador federal del consumidor Alfredo Castillo Cervantes, el pasado 16 de enero.

Las dudas respecto a las capacidades del comisionado para manejar una situación tan grave como la de Michoacán no se hicieron esperar: la opinión pública y los medios en general recordaron la ineficacia en las investigaciones tanto del caso Paulette como de la explosión en la Torre B2 del complejo administrativo de Petróleos Mexicanos (Pemex), investigaciones que Castillo tuvo a su cargo.

Ante estas acciones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló la negligencia por parte de las autoridades de Michoacán como la principal causa del surgimiento de los grupos de autodefensas.

“Las autodefensas no tendrían razón de existir si los gobiernos cumplieran con su labor de brindar seguridad”, aseveró el titular de la comisión, Raúl Plascencia Villanueva, de acuerdo con declaraciones difundidas en un boletín publicado el 23 de enero del presente.

Integración de las autodefensas

En un intento por aminorar la violencia en el estado, el gobierno de Michoacán pactó con las autodefensas su incorporación a los Cuerpos de Defensa Rurales el pasado 27 de enero, según lo informó en un boletín la Secretaría de Gobernación.

El acuerdo fue firmado por el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, el gobernador Fausto Vallejo y representantes de las autodefensas de las comunidades de Churumuco de Morelos, Nueva Italia de Ruíz, La Huacana, Parácuaro, Tancítaro, Cualcomán de Vázquez Pallares, Aquila y Coahuayana de Hidalgo.

El acuerdo tiene como propósito el restablecer el orden público desde un enfoque integral y consta de ocho puntos básicos:

  1. Las autodefensas se institucionalizan al incorporarse a los Cuerpos de Defensa Rural. Para esto, los líderes de las autodefensas presentarán una lista con todos los nombres de sus integrantes los cuales serán validados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
  2. Integrantes de las autodefensas podrán formar parte de la Policía Municipal siempre y cuando acaten los requisitos de la ley.
  3. Las autodefensas deberán registrar sus armas ante la Sedena.
  4. En los municipios en conflicto se llevará a cabo una auditoría del uso de los recursos públicos.
  5. Habrá rotación en los Agentes del Ministerio Público Federal y Local así como instrumentación de unidades móviles de Ministerio Público.
  6. La Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán se compromete a mantener comunicación permanente con los municipios afectados.
  7. Se harán las gestiones pertinentes en el estado de Michoacán para las personas que hayan sido detenidas por portación de armas de fuego y se encuentren en libertad provisional.
  8. Se harán investigaciones a los servidores públicos que tengan responsabilidad penal o administrativa en las bases del conflicto.

Con este acuerdo, las autoridades comienzan a adentrarse en un conflicto que va más allá de redes de narcotráfico, sin embargo, tuvo que llegarse a un punto crítico y una atención mediática exagerada para que el gobierno interviniera de manera directa.

Valeria Ordóñez 

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