Alberto Patishtán y las irregularidades jurídicas

Alberto Patishtán / Crédito: www.facebook.com/amnistiamexico
Alberto Patishtán / Crédito: http://www.facebook.com/amnistiamexico

El sistema jurídico mexicano presentó niveles históricos en impunidad pues 98.2 por ciento de los asesinatos cometidos en 2012 quedaron sin sentencia, según lo publicó el diario español ABC con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Pero la impunidad no es el único problema que aqueja a nuestro sistema: las irregularidades predominan en los procedimientos legales.

Uno de los ejemplos más sonados en tema de irregularidades es el del maestro  tzotzil Alberto Parishtán Gómez, quien fue acusado de participar en una emboscada el 12 de junio de 2000 en el paraje Las Lagunas de Las Limas, municipio de Simojovel, Chiapas, donde fallecieron siete policías. La condena de Patishtán alcanzó los 60 años de prisión, sentencia mayor que la del narcotraficante Rafael Caro Quintero —quien fue condenado a 40 años— en un juicio que, se presume, estuvo lleno de irregularidades y diferencias políticas.

Uno de los asesinados en la emboscada fue Alejandro Pérez Cruz, jefe policiaco del municipio de El Bosque, cuyo gobernador, Manuel Gómez Ruiz, mantenía diferencias políticas con Patishtán debido a que este último pertenecía a la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y era un crítico activo del gobierno municipal.

Las irregularidades datan desde la detención del maestro sin orden de aprehensión hasta la desaparición de declaraciones que atestiguaban que Patishtán estaba dando clases al momento de la emboscada.

Desde la cárcel, Alberto Patishtán continuó con su activismo cuando se integró a las organizaciones de reos simpatizantes con las comunidades indígenas La Voz del Amate y La Otra Campaña. Pero lo que realmente captó la atención de organizaciones defensoras de derechos humanos fue el deterioro de la salud del maestro  tzotzil, a quien le fue diagnosticado un tumor cerebral en 2010.

Florence Cassez y Caro Quintero, en defensa del procedimiento

Aunado a la atención que despertó el caso Patishtán para los defensores de derechos humanos, el polémico caso de la francesa Florence Marie Louise Cassez Crepin dio una sacudida al sistema jurídico y a los medios nacionales e internacionales.

En 2007 Florence Cassez había sido condenada a 60 años de prisión por los delitos de secuestro, delincuencia organizada y posesión ilegal de armas de fuego, sin embargo fue liberada el 23 de enero de 2003 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación le concedió el amparo por votación bajo el argumento de que no se respetó el procedimiento legal.

El segundo caso relacionado con fallas en el proceso es el del co-fundador del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, acusado de la muerte del agente de la DEA Rafael Camarena Salazar y de su piloto Alfredo Avelar. Caro Quintero obtuvo su libertad el 9 de agosto con el argumento de que debió ser enjuiciado en el fuero común (correspondiente a la aplicación territorial de las leyes locales) y no en el federal (relacionado con los delitos tipificados en los ordenamientos federales), como se había llevado a cabo.

El indulto

Cortesía:  Amnistía Internacional
Cortesía: Amnistía Internacional

Ante este panorama y una creciente demanda por parte de organizaciones nacionales e internacionales a favor de los derechos humanos, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, se mostró a favor de la libertad de Alberto Patishtán al demostrar las irregularidades en el juicio.

Las instancias de impugnación estaban agotadas, por lo que después de 13 años de prisión la libertad le fue concedida al maestro tzotzil gracias a una reforma al Código Penal Federal presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, aprobada el pasado martes 29 de octubre y publicada en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 30. Esta reforma concede el indulto “cuando existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada”.

Tanto la impunidad como las irregularidades son debilidades del sistema jurídico y tanto la promulgación como —más importante aún— la aplicación de leyes transparentes que promuevan la defensa de los derechos humanos y la igualdad de condiciones forman parte de un proceso hacia el perfeccionamiento de un gobierno democrático.

Por Valeria Ordoñez Ghio

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